Un dilema totalitario

 


    Análisis textual de la Pregunta 6 del Barómetro Especial de Abril de 2020 del Centro de Investigaciones Sociológicas

     

     

     

     


     

     

     

     

    Jesús Gonzalez Requena
    gonzalezrequena.com

     

     

     

     

     

     

    CIS

    Estudio nº 3279. BARÓMETRO ESPECIAL DE ABRIL 2020

    Pregunta 6

    ¿Cree Ud. que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?

     

     

    ¿Qué es lo que se pregunta exactamente en esta tan larga pregunta?

     

    ¿Se pregunta sí habría que prohibir los bulos? ¿O bien se pregunta si habría que prohibir las informaciones engañosas? ¿O se pregunta quizás si habría que prohibir las informaciones poco fundamentadas? ¿O bien lo que se pregunta es si se debería remitir toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales?

     

    Son estas cuatro preguntas del todo disímiles entre sí.

     

    Pero es un hecho es que, en esta pregunta número seis del Barómetro Especial de abril de 2020 realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas de España, a pesar de su evidente heterogeneidad, son reunidas en un único paquete y así presentadas como si fueran equivalentes, desde el mismo momento en que se las opone al único enunciado que aparece como alternativa necesaria de todas ellas: ¿o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones?

     

    No menos notables son las únicas dos respuestas posibles que se ofrecen a los encuestados:

     

    – Cree que habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo solo una fuente oficial de información

    – Cree que no debe restringirse ni prohibirse ningún tipo de información

    – No lo sabe, duda

    – N. C.

     

    En el arranque de la pregunta aparecen pues tres cosas sobre las que se pregunta al encuestado su opinión sobre la posibilidad de su prohibición: los bulos, las informaciones engañosas y las informaciones poco fundamentadas.

     

    Y con ello, es necesario anotarlo de inmediato, la posibilidad de esa prohibición queda naturalizada, presentada como posible, introducida en el debate público por el Centro de Estudios Sociológicos.

     

    Simultáneamente, esas prohibiciones son explícitamente presentadas como equivalentes al no mantenimiento -es decir: a la supresión- de la libertad para la difusión de noticias e informaciones, a la restricción y el control de las informaciones y al establecimiento de una sola fuente oficial de información.

     

    Es notable el escalado que estos últimos enunciados contienen.

     

    Pues si se comienza hablando de no mantener una libertad total, lo que parece dejar cierto espacio para una libertad parcial, que pasaría por el restringir y el controlar del que se habla a continuación -cosas que en principio serían realizables por la vía de la censura previa-, finalmente, se da el salto a formular la posibilidad del establecimiento de solo una fuente oficial de información.

     

    Y es obligado observar que el adjetivo oficial indica aquí la índole de esa fuente -estatal- pero no tiene por objeto limitar el alcance de la restricción y el control -como sería en el caso si se dijera que debería haber una sola fuente oficial en vez varias fuentes oficiales, procedentes, por ejemplo, de diferentes instituciones. Ciertamente no es tal el caso, dado que lo que se señala aquí como restringible y controlable no son las informaciones oficiales, sino las informaciones, sin más.

     

    De modo que no es por la posibilidad de establecer una censura previa por lo que se pregunta.

     

    La censura previa, como la que se practicaba, por ejemplo, en el régimen franquista, supone la existencia de diversas fuentes que, antes de difundir sus informaciones, deben someterse a la revisión y aprobación de sus contenidos por las autoridades del Estado.

     

    No. No es de censura previa de lo que aquí se habla, sino de algo mucho más extremo -y total-: de la posibilidad de suprimir toda otra fuente de información que no sea la única fuente. Oficial, por supuesto.

     

    Así pues, el alcance de esta pregunta viene a coincidir con el de otra que no ha sido formulada explícitamente pero que late en ella implícitamente: ¿cree usted que debe suprimirse la libertad de información en lo tocante a la información sobre la pandemia?

     

    Pregunta ésta última, por lo demás, en su contenido inseparable de esta otra: ¿cree usted que debe suprimirse la libertad de expresión a este propósito? Pues no hay libertad de expresión para quien no puede difundir las informaciones -es decir, los hechos- que conoce o cree conocer y que, a su entender, respaldan las ideas a las que quiere, precisamente, dar expresión.

     

    Por ello, es el momento de recordar que, si la censura previa es propia de las dictaduras, la limitación de la información a una única fuente caracteriza a los regímenes totalitarios, como lo fueron históricamente los nacional-socialistas y los comunistas.

     

    Por lo demás, dado que es de las informaciones relativas a la pandemia del COVID-19 de lo que se trata, resulta imposible no constatar que el modelo de gestión del asunto que se presenta a los encuestados como potencialmente deseable es en todo semejante al modelo totalitario de control de la información seguido por el Estado de la República Popular China.

     

    Resulta por lo demás obligado anotar la extrema dificultad de ceñir el área de aquello de lo que solo podría informar esa única fuente oficial. Sus límites serían siempre difusos, pero incluirán en cualquier caso las informaciones sobre los errores, sobre las malas gestiones, incluso sobre las corrupciones que pudieran producirse en ese área, es decir, todas aquellas que tuvieran alguna relación, siquiera lejana, con COVID-19.

     

    De todo ello, entonces, solo podría informar la única fuente oficial.

     

    Y bien, si se diera el caso, ¿lo haría? Resulta, ciertamente, poco probable, salvo que se considere que el poder actual, por ser el que es, poseería la honestidad inquebrantable que le llevaría a evitar toda tentación de manipular la información en su beneficio.

     

    Presupuesto este que, por supuesto, se convierte en creencia obligatoria e incuestionable en todo régimen totalitario. ¿Quién osaría poner en duda la bondad esencial de los dirigentes si son -¿quién osaría dudarlo?- la encarnación misma del pueblo y de su bondad?

     

    Debemos señalar todo esto porque constituye lo absolutamente omitido en la pregunta del CIS y, en general, en la encuesta en su conjunto.

     

    Me refiero al hecho de que la defensa de las indisociables libertades de información y expresión no es solo un ideal democrático, sino la condición para que la verdad de los hechos pueda aflorar contra y más allá de los intereses de las partes en juego.

     

    Y es, por tanto, en el medio plazo, la condición de una mejor gestión de los problemas, dado que, al dificultar la tentación de todo poder a distorsionar la información en su beneficio, permite conocerlos verdaderamente y hacer así posible la más eficaz toma de decisiones paras afrontarlos.

     

    ***

     

    Conviene recordar todo lo anterior antes de constatar que la solución totalitaria que nos ocupa recaba, en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el resultado de un 66,7% a su favor.

     

    La pregunta obligada, ahora, es: ¿dos tercios de los españoles son partidarios de la supresión de la libertad de expresión en todo lo que tiene que ver con la información relativa a la crisis del COVID-19? Todo, excepto, claro está, la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, indica que no.

     

    De lo que se deduce que el error se encuentra en la redacción de la pregunta que provoca -es decir: induce- tan inverosímil resultado.

     

    Y por cierto que es ella una pregunta de elaboración, es obligado decirlo, indigna de un organismo público como el Centro de Investigaciones Sociológicas que, en otros tiempos, gozara de gran prestigio por el rigor científico de sus estudios.

     

    Indigna, en primer lugar, por su mala redacción, dado que el elemental respeto por nuestra lengua debería llevar a decir libertad total de difusión de noticias e informaciones y no libertad total para la difusión de noticias e informaciones.

     

    E indigna, sobre todo, por las graves incoherencias lógicas que pueblan el abigarrado conjunto de enunciados que contiene.

     

    Se pregunta en ella, como si se tratara de una sola y única cosa, por cosas del todo diferenciadas, cada una de las cuales requeriría una respuesta independiente.

     

    Pues un bulo es una mentira intencionada destinada, cuando menos, a crear confusión, si no a perjudicar a determinados individuos o colectivos. Algo del todo diferente son las informaciones engañosas y poco fundamentadas. Y ni siquiera estas dos cosas pueden ser reunidas en una: una información engañosa no es necesariamente una poco fundamentada, y una poco fundamentada no es necesariamente una información engañosa.

     

    Pero lo más notable de este desorden lógico, de esta aparente incapacidad para discriminar coherentemente el significado de los conceptos suscitados, es que contiene también su propia escalada, en cuanto tal direccionada.

     

    Los bulos son bulos: pueden probarse tales. Pero, ¿qué sucede con las informaciones engañosas y poco fundamentadas? ¿A partir de que umbral comienzan a ser engañosas? ¿Dónde está el límite que determina lo poco fundamentado y lo distingue de los suficientemente fundamentado? Claro está, tales dudas afectarían a los funcionarios que hubieran de ocuparse de poner en práctica la censura previa, pero quedan solventadas de un plumazo con la solución totalitaria: una única fuente de información.

     

    El presupuesto implícito es este: solo las noticias de la fuente oficial única están fundamentadas y no son engañosas. Todas las otras -y por tanto todas las otras fuentes- son potencialmente engañosas y poco fundamentadas. Y deben, por ello, ser prohibidas.

     

    He aquí, una vez más, el presupuesto típico de la mente totalitaria: todo lo que no proceda de la fuente oficial es sospechoso.

     

    Se percibe entonces la tendencia que todo parece indicar que late bajo el error en tan lamentable, pero orientada, pregunta: es el disgusto de los encuestados por la existencia de bulos el que esta correosa pregunta arrastra hasta alcanzar y contaminar a la informaciones engañosas y poco fundamentadas y, por esa vía, inevitablemente, a la libertad de expresión misma.

     

    Tal es el dilema -él mismo tal falso como propiamente totalitario- que esta pregunta encierra: o bulos o fuente única, oficial por supuesto, de información.

     

    Pues en la mentalidad totalitaria no hay matices ni soluciones intermedias, sino tan solo el trazado radical de la línea inflexible que separa el conmigo del contra mí.

     

    ***

     

    La detección de esta orientación de fondo permite entonces dar un sentido al grosero error de redacción que antes señaláramos, allí donde se hablaba de mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones.

     

    Ese para en lugar del preceptivo de posee la estructura del acto fallido, pues manifiesta bien, a su pesar, la incomodidad con el asunto manejado, que no es otro que el de la libertad de difusión de noticias e informaciones, es decir, el de la libertad de expresión.

     

    Si tal mala redacción ha pasado desapercibida por quien ha redactado la pregunta, ello parece indicar una voluntad -inconsciente, en forma de acto fallido, aunque no es posible excluir la posibilidad de que esa voluntad fuera consciente- de disfrazar lo que está en juego.

     

    Precisamente: la libertad de expresión e información.

     

    Congruente con ello es, por lo demás, el modo en el que se usa el adjetivo total -mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones-, dado lo inusual de su empleo cuando es de la libertad de información de lo que se habla.

     

    Pues, ¿hay libertad de información allí donde solo hay libertad parcial de información? Ciertamente no, pero por esa vía la pregunta invita al encuestado a pensar como acto de moderación -¿libertad total?, no, eso sería excesivo…- su familiarización con una respuesta en sí misma totalitaria.

     

    Igualmente congruente con todo ello es una palpable falsedad que se desliza en el enunciado de la pregunta -¿Cree Ud. que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos (…) o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?-, allí donde se da a entender que la difusión de bulos es posible por el mantenimiento de la libertad total para la difusión de noticias e informaciones.

     

    Sencillamente, eso no es cierto: los bulos, allí donde producen efectos nocivos para las personas y las instituciones -es decir, allí donde se diferencian de, por ejemplo, las bromas del navideño día de los Santos Inocentes- están ya prohibidos, dado que existe la legislación suficiente para su persecución por la Justicia.

     

    Claro está, eso no evita que aparezcan. Como en general ninguna ley consigue abolir la existencia de crímenes de cualquier tipo, por más que algunas bellas almas se empeñen en creerlo así.

     

    Pero peor es la solución que el remedio cuando, para evitar que se produzcan, se prohíbe la libertad de información.

     

    Un par de símiles ayudarán a ver esto último más claro: si se prohíbe a los ciudadanos conducir vehículos, es seguro que disminuirán considerablemente los accidentes de tráfico.

     

    Y si se prohíbe a los ciudadanos salir de casa, es seguro que se abolirán la mayor parte de los robos callejeros.

     

    Y así sucesivamente.

     

    Concluyendo: el Centro de Investigaciones Sociológicas que es capaz de introducir en el universo de los posibles con los que opera la opinión pública una solución totalitaria deja de ser un centro de investigaciones sociológicas para convertirse en un centro de propaganda.

     

     


     

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